Por Liliana Cortés, directora de Fundación Súmate
El miércoles 2 de marzo partieron las clases presenciales obligatorias con todo. La ciudad se sacudió y despertó temprano bullendo de renovada actividad. Los noticieros y matinales recogieron testimonios que daban cuenta de la felicidad de los alumnos de volver a encontrarse, tener clases cara a cara, recuperar la convivencia, cuestión clave para el aprendizaje en términos amplios, incluyendo el cuidado de la salud mental, tan afectada por la falta de socialización. Los reporteros intentaban plantear cuestiones “punzantes” como lo acertado de los aforos, los riesgos de la medida, las objeciones del Colegio de Profesores.
Nadie se preguntó ni se ha preguntado ni probablemente se preguntará cuántos niños, niñas y jóvenes particularmente vulnerables no volverán a clases este marzo y abril tras dos años de educación híbrida o virtual o total desconexión. Este grupo, que según las cifras pre pandemia alcanzaba una población de unos 186 mil adolescentes y jóvenes excluidos del sistema educativo, a los que en pandemia se sumaron otros 40 en 2021, sigue como siempre siendo invisible para todos.
Quienes trabajamos en reducir la exclusión escolar, recién en abril sabremos a ciencia cierta cuántos, obligados por el agravamiento de sus condiciones económicas, sociales, familiares, no volvieron. Cuántos resolvieron tirar la esponja para enfocarse en sobrevivir. Frente a esto, las preguntas son: ¿Cómo hacer algo distinto para incentivar que vuelvan? ¿Cómo ir a buscarlos y recuperarlos? ¿Cómo construir para ellos una oferta atractiva, nueva y complementaria a las ya existentes que no les acomodan?
La interrupción de las trayectorias escolares, el que miles de jóvenes opten por la vida laboral tempranamente sin terminar su educación obligatoria, realidad que las consecuencias de la pandemia ha agravado, es un problema país. Un derecho social que por muy refrendado que quede en la nueva Constitución, no basta. Es una base, pero no la solución.
Desafiémonos paralelamente a coordinar acciones para avanzar en el desarrollo y aplicación de políticas sociales que defiendan y aporten a la protección del inalienable derecho a la educación.
Es así como llamamos a las autoridades salientes a dejar un claro registro de lo avanzado y prioritario en materia de reingreso escolar y protección de trayectorias educativas y a las autoridades entrantes a tomar la posta con convicción y energía.
Aprovechamos de entregar nuestra mirada sobre los principales avances, donde destacan: una modalidad de reingreso aprobada por el Consejo Nacional de Educación, un proyecto de ley ingresado en el Congreso para financiar su implementación, la visibilización de la existencia de niños, niñas y jóvenes con su derecho a la educación vulnerado y una fórmula de cálculo consensuada para hacernos cargo de la problemática. Entre los pendientes están: trazar una ruta de implementación urgente de la modalidad de reingreso en nuestro sistema educativo en Chile; entregar de manera sistemática año a año la cifra de excluidos del sistema y aprobar un mecanismo de financiamiento que le dé vida a la implementación de la modalidad a partir del 2022.
Este no es un problema de las elites de nuestro país. Esto es pobreza dura e intergeneracional y, aunque dentro de la escala de necesidades no es lo más urgente, las familias que viven en contextos de pobreza y se sienten atrapados en ella porque sus hijos e hijas no tienen una oferta educativa para volver, serán los más interesados en que esto avance. Al ocuparnos de que no abandonen el colegio, de que sean parte del sistema, le estamos quitando carne de cañón a las redes de narcotráfico y delincuencia, pero lo más importante estamos devolviéndoles a los jóvenes abandonados por nuestro sistema un lugar donde desarrollarse y crecer.
