Por Liliana Cortés, directora ejecutiva de Fundación Súmate
¿Cómo se acomoda un joven en un curso cuando es el más alto, el mayor y el más atrasado de la clase? ¿Cómo si a los 17 años posee los conocimientos correspondientes a quinto año básico? ¿Qué tiene en común una madre adolescente con un rezago escolar de varios años con sus compañeras de octavo y de qué manera convive con ellas?
Difícil, si es que no imposible.
¿Existe manera de superar esas brechas y retomar la trayectoria educativa, recuperando un derecho básico y una herramienta clave para la superación de la pobreza, que no sea una de las escasas escuelas de reingreso que existen en el país?
Pensamos que sí.
Por eso, este año destinamos el equivalente a 66 millones de pesos en asesoría técnica, equipamiento y pago de profesionales para que sostenedores y escuelas con financiamiento público de educación básica o media científico humanista o técnico profesional, así como de personas jóvenes y adultas (los llamados Centros de Educación Integrada de Adultos, CEIA), postulen a esta ayuda para crear en sus establecimiento aulas de reencuentro educativo.
Estos espacios de reingreso son un aporte invaluable para garantizar que, en territorios particularmente pobres y vulnerables, donde la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas, han alejado a niñas, niños y jóvenes de la escuela, retornen a ella. No sabemos aún a ciencia cierta cuántos, arrinconados por la precariedad y la necesidad de generar recursos o de contribuir a cuidar a otros para que los adultos trabajen, se han sumado a los excluidos. Antes de la pandemia eran 186, a los que durante 2020, según cifras del Ministerio de Educación, se sumaron 40 mil más.
Nadie quiere que esa llave sigue abierta, menos que nadie los que están en los territorios educando y viendo cómo el dejar la escuela repercute sobre la falta de oportunidades y la perpetuación de la pobreza de los más vulnerables. Y la tentación del narco, que sabe cómo reclutar a los que carecen de esperanzas en los territorios de mayor complejidad social.
Datos de 2020, cuando se iniciaba la pandemia, nos señalaban que a nivel nacional las comunas con mayor prevalencia de niños, niñas y jóvenes excluidos de la educación eran Antofagasta, con 10,97%; Puente Alto, 10,72%; y Maipú, 10,29%. Esto significa que en cada una de estas populosas comunas hay cerca de dos mil estudiantes de entre 5 y 21 años que han dejado de serlo. Y estas son cifras que no incluyen a los que el año 2021 no asistieron a clases en el formato que fuera y tampoco a los que este año se matricularon, pero no están yendo a estudiar.
Urge que el Ministerio entregue esa contabilización, pero como nadie sabe más que directores y sostenedores ahora la invitación a todos ellos –en especial los que ya exhibían las más altas tasas de exclusión– es que postulen al fondo Súmate al Reingreso y recuperemos juntos el derecho a la educación de tanta juventud talentosa. Infórmense porque el plazo termina en mayo y el aporte está garantizado por dos años.
